PELIGRO DE VIOLENCIA Y PROVOCACIÓN DE EMPRESAS EN CONTRA DE COMUNIDADES Y LIDERES DE SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSÉ DEL GOLFO


Equipo de Comunicación  y Análisis                                                                                                                                       “La Movilización Comunitaria en Guatemala”   

EL CONFLICTO

En este momento hay alrededor de unos 70 personas, supuestas trabajadoras de la empresa Kappes Cassiday & Associates – “KCA” – Exmingua S.A. Hay niños, mujeres y hombres jóvenes que portan cascos azules, provenientes de diferentes lugares.

Llegaron desde temprano intentando pasar en donde las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo desde hace meses hacen una toma pacífica, pues la empresa quiere sin el consentimiento de la población extraer oro y plata, con estas operaciones mineras se va a afectar la vida y el territorio de cientos de comunidades y los municipios de la zona norte de la ciudad capital.

Junto a estas personas supuestas trabajadoras, se encuentran algunos de sus representantes entre ellos el coronel Mario Ricardo Figueroa Archila gerente de Exmingua y Selvin Morales, quien fungió como director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas – MEM hasta finales de 2010 durante el gobierno de Alvaro Colom, ahora es presidente de servicios mineros de Exmingua.

La postura de la empresa en este momento es de no retirarse hasta poder entrar, en el cielo sobrevuelan helicópteros que generan un ambiente de más tensión e incertidumbre.

PRESENCIA GUBERNAMENTAL

También en el lugar se encuentran representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos – PDH y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDEH., quienes intentaron promover una mesa de diálogo en estas circunstancias, sin embargo han demostrado desde hace meses incapacidad de mediación mucho menos de resolución de la conflictividad generada por la empresa.  Después se retiraron y quedó solamente uno de sus representantes en calidad de observador.

Las comunidades han denunciado diferentes actos violentos e intimidación, además han sido contundentes en decir que no quieren un proyecto minero en su territorio, ante esto no ha habido ninguna resolución de ninguna autoridad.

Algunas personas comunitarias refieren haber visto cerca antimotines, por lo que se teme que las autoridades decidan reprimir e intervenir violentamente hasta que se logre desalojar a las personas que ejercen su derecho de protestar pacíficamente.

De ésta forma se estaría garantizando los intereses de la empresa, que al haber invertido y comprado en condiciones en donde la población va a ser afectada y se opone a la construcción del proyecto, pretenderá actuar con agresividad y violencia.

La experiencia en El Valle del Polochic, Santa Cruz Barillas y San Juan Sacatepéquez demuestran que se ha  usado a las fuerzas del Estado para imponer por la fuerza a las empresas, en este caso Kappes Cassiday & Associates -“KCA” ¿pretenderá que sea esa la manera de garantizar no perder su “capital”?

LUCHA COMUNITARIA LEGÍTIMA Y PACÍFICA

Desde temprano también está la gente de las comunidades, más de doscientas personas que se mantienen en protesta pacífica en contra de proyectos que en todo el país afectarán la vida de todos y todas nosotras. Entre estas personas hay niños, mujeres y hombres. Vale la pena decir que esta lucha lleva ya meses de llevarse a cabo y se suma a la lucha de otras miles de personas en todo el país en defensa legítima del territorio.

LAS COMUNIDADES HAN DENUNCIADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

Como sucede en varios lugares donde las empresas han causado conflictos, las comunidades han denunciado y utilizado los mecanismos democráticos y legales para exigir que se resuelvan los problemas, delitos y atentados provocados por las empresas sin que el gobierno y autoridades resuelvan a su favor, lo que ha ocurrido es todo lo contrario, estas autoridades se han volcado a proteger los intereses corporativos y empresariales. En lugar de brindar protección a las comunidades y sus autoridades y liderazgos, más bien les persigue penalmente y las criminaliza.

Esta no es la primera vez que las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo sufren intimidación, amenazas y criminalización por ejercer su derecho a la resistencia pacífica. Hasta el día de hoy representantes de las comunidades han presentado a las autoridades diferentes denuncias sobre las acciones delictivas llevadas a cabo por las empresas, éstas han sido puestas en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, contra los representantes legales de Exploraciones Mineras de Guatemala S. A. y Exploraciones Mineras de Centro America: María Guadalupe Evangelista Puente de Matías y el Coronel retirado José Arias Méndez, respectivamente.

Recordemos que en este mismo lugar el 13 de junio de este año, sufrió un atentado una luchadora comunitaria y lideresa de la resistencia antiminera Yolanda Oquelí, hasta la fecha este hecho no ha sido esclarecido.

PROVOCACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN

Estos hechos son parte de las estrategias que utilizan las empresas en varios lugares del país, son provocaciones para originar conflictos que luego justifican la intervención violenta de la policía y el ejército. Posteriormente las autoridades salen con el discurso de que son las comunidades las que los provocan, les acusan de crear disturbios o violentar el orden público y hasta terrorismo, con esto actúan en contra de la población a la que se deben y protegen a las empresas. Este hecho no es aislado es parte de el patrón que buscarán para imponer a las empresas mineras, hidroeléctricas, fincas de palma africana, etc.

Otra de las estrategias burdas del gobierno y las empresas es la criminalización y la persecución de la protesta legítima y pacífica, tal es el caso de Santa Cruz Barillas donde hay 10 presos políticos, siendo el Ministerio Público quien actúa en contra de auténticos lideres comunitarios, instaurando entonces un Estado de Sitio y control militar hasta el día de hoy.

En donde está el proyecto minero San Rafael se ha perseguido a la población a sus liderazgos y hasta el Sacerdote de San Rafael Las Flores por oponerse a el otorgamiento de la licencia de explotación.

Podemos ver el mismo patrón de actuación en contra de miembros del Consejo de Pueblos de Quiché, San Juan Sacatepéquez, San Marcos, en donde la actuación ha sido criminal para imponer este modelo de despojo y muerte, no les importa llegar al asesinato o la masacre como en Totonicapán.

Las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se encuentran en riesgo de ser reprimidas, violentadas y de ser amenazadas en su futuro, en su tierra y territorio por la empresa Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A.

Alertamos que en este momento, se está en riesgo de que se usen métodos violentos, amenazando, difamando y criminalizando nuevamente a la población que ejerce su derecho de decidir y oponerse a proyectos que le afectan la vida, el agua y la tierra. Este es el tipo de esquema de intervención del gobierno a favor de las empresas.

Equipo de Comunicación  y Análisis                                                                                                                                       “La Movilización Comunitaria en Guatemala”   

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