¿Qué es “lo que realmente ocurrió” con doña Gilda Aguilar?

Santiago Bastos Amigo

La señora Gilda Isabel Aguilar, Fiscal del Ministerio Público, anunció en El Periódico, el domingo 11 de noviembre, un texto en el que da su versión de una serie de hechos en los que ha estado implicada. Bajo el pretencioso título de “lo que realmente sucedió”, combina informaciones de primera mano con sucesos que ella no presenció y suponemos que ha debido escuchar, y otros que pertenecen a procesos judiciales aún abiertos.

Llama la atención que este relato se publique en El Periódico sin hacer explícito si es o no un campo pagado, o al menos no se haga de la forma usual (en muchos países, la ley obliga a que se explique a los lectores que el texto es publicidad). Parece bastante extraño que una fiscal tenga recursos para pagar un campo pagado de dos páginas -si de eso se trata- o que una funcionaria pública escriba un texto tipo aviso publicitario empresarial y casualmente su testimonio coincida con argumentos que vierten contra personajes públicos y que favorecen a la Hidro Santa Cruz. Es la primera vez que en nuestro país un texto aparece como “advertorial” un tipo de texto que es un aviso publicitario de opinión político empresarial, en lo que Michael Ritter denomina la comunicación política.[1] Es el “uso estratégico de la comunicación para influir en el conocimiento público, las creencias y la acción sobre asuntos públicos”[2]. Y en muchos países, la ley obliga a que se explique a los lectores que el texto es publicidad y no información.[3]

Sin entrar en los que tienen que ver con la dinámica interna del Ministerio Público, que sólo atañen a esta institución, creo que es justo mencionar algunos elementos que sí conozco a través de mi trabajo y que creo que el público debe conocer, pues tal y como lo cuenta doña Gilda contribuyen a dar una versión distorsionada de “lo que realmente sucedió”.

1 “Lo que realmente sucedió” el 1 de mayo con el MP

Cuando doña Gilda habla de los sucesos del primero de mayo de este año en Santa Cruz Barillas, cuenta que cuando “el personal del ministerio público” llegó al lugar en donde fue asesinado don Andrés Francisco Miguel, “fueron retenidos de forma violenta presuntamente por vecinos de las aldeas de Los Recreos, Las Brisas y San Rosa…. fue(ron) brutalmente maltratado y coaccionado con armas de fuego de grueso calibre a borrar las evidencias del crimen. Es decir, para impedir que el Ministerio Público recogiera las pruebas del crimen y para asegurar la impunidad de los hechores”.

Esta versión simplificada no coincide con otras de lo que ocurrió en esas horas de ese día primero de mayo. Existen pruebas en la causa 92/2012 que trata sobre estos hechos y que doña Gilda debería conocer, de que los oficiales del MP sí recogieron evidencia. También en el informe publicado por la Convergencia por los Derechos Humanos, se da una versión más detallada de todo el proceso y las autoridades que estuvieron presentes, en el que no se habla en absoluto de  que se impidiera recoger las pruebas:

“El Ministerio Público de Santa Eulalia, a través del agente fiscal Armando Rubein Villatoro, y miembros de la DICRI y de la PNC de aquel municipio se presentaron al lugar a las 17:00 horas, luego de fotografiar el cuerpo de don Andrés y recoger algunas evidencias, entregaron el cuerpo a la esposa y apoyaron incluso a la familia a trasladar el muerto. Luego de esto, los fiscales y agentes fueron retenidos por la comunidad, los miembros de la fiscalía señalan que fueron encañonados. De esto se informa a la sede central, y de las exigencias de los comunitarios de que el juez de paz regresara como había ofrecido y se levantara un acta en donde se comprometieran a sacar a la empresa del municipio. Los fiscales fueron liberados a las nueve de la noche luego de firmar el acto nula ipso jure”.[4]

Así pues, parece que el la versión de doña Gilda sobre los hechos de aquella tarde no coincide con las de otras fuentes. Desde luego, no respecto a la presunta “destrucción de pruebas”,  tampoco lo referido a la actitud de los vecinos –que sí retuvieron a los oficiales del MP-, y sobre todo respecto a la finalidad de “asegurar la impunidad”.

Esta acusación llama la atención cuando la gente organizada de Barillas ha reclamado desde esos momentos el esclarecimiento de la muerte de don Andrés Francisco Miguel, que achacan a personal vinculado a la empresa Hidro Santa Cruz, por cierto, detenidos por el mismo Ministerio Público y ligados a proceso. Doña Gilda no menciona ninguno de estos hechos, ni hace alusión sobre el asesinato de don Andrés Francisco Miguel y los daños a Esteban Bernabé Mateo y Pablo Antonio Pablo. Y entonces qué fue lo que realmente ocurrió?

  2 ¿Sabemos “lo que realmente sucedió” con don Jaime Leocadio Velásquez?

Después de otros asuntos, doña Gilda relata su participación en las actividades del Estado de sitio en Barillas como fiscal del Ministerio Público “dispuesta a actuar estrictamente en el marco de la ley” entre el 3 y el 6 de mayo. No dice nada de las detenciones hechas el día anterior, que según el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fueron realizadas fuera de la ley.

Doña cuenta que “el 5 de mayo se realizó un operativo para ejecutar órdenes de detención dictadas por juez competente”. Y como si hubiera sido de una forma casi fortuita, continúa “resultó en la captura de dos personas previamente acusadas por los incidentes ocurridos en marzo contra Hidro Santa Cruz. Uno de los implicados, Jaime Leocadio Velásquez Méndez, dijo que él había sido coaccionado a participar en los delitos”. Según UDEFEGUA, la detención de don Jaime Leocadio no ocurrió de una forma tan ocasional ni “estrictamente apegada a la ley” como parece plantear doña Gilda, sino que ocurrió rayando en la ilegalidad:

“b) San Carlos las Brisas: Fueron allanadas o cateadas 7 viviendas. El ejército rodeó a la comunidad… Fue capturado a las 08:00 am el catequista Jaime Leocadio Velásquez Núñez quien se encontraba en su puesto de venta de papas y pollos en la entrada de la comunidad por elementos PNC quienes lo llevaron dentro la iglesia para interrogarlo con la presencia del juez y las fiscales, según la versión de la familia él no estuvo presente en los acontecimientos del 1 de mayo”.

Según doña Gilda, don Jaime hizo unas declaraciones en las que supuestamente “dijo que él había sido coaccionado a participar en los delitos la dirigencia del CUC y otros personajes constituidos en cocodes”. Uno esperaría un poco más de concreción en una declaración judicial. Cuando habla del Comité de Unidad Campesina – CUC, ¿A qué dirigencia se refiere? ¿La Asamblea Nacional? ¿La Comisión Nacional de Coordinación? ¿El Secretario general? ¿Los responsables de la región de Huehuetenango? ¿Quiénes de ellos eran los que estaban en las aldeas de Barillas coaccionando a la población?. Y, por otro lado, los cocodes no se “constituyen por personajes”, sino que por ley participan personas de las comunidades, electas por la asamblea comunitaria por un año. Estas instancias definidas con tan poca seriedad jurídica son las que según dice doña Gilda, “dirigieron” las acciones y “coaccionaron” a participar, a don Jaime y a toda la comunidad.

Lo que no dice doña Gilda es que don Jaime Leocadio fue parte de la primera junta directiva de la Asociación de Defensa de los Recursos Naturales, instancia legalmente inscrita y reconocida en la Municipalidad de Barillas,  como cualquier comité comunitario y que fueron quienes organizaron muchas de esas actividades, como todo el mundo sabe en Barillas, que tenían derecho como cualquier grupo de ciudadanos a organizarse y pronunciarse a favor de su futuro, del desarrollo y de los intereses de sus comunidades o municipio.

 Así que no sabemos si él fue de los coaccionados o si todo se lo inventó. Y no sabemos si esta información se la calló Jaime Leocadio –a lo mejor estaba asustado ante tanto policía y militar rodeando su aldea- o si después de dos meses en la cárcel prefirió contar otra cosa – o es que no nos la quiere contar doña Gilda. Así que realmente no sabemos “lo que realmente ocurrió” con don Jaime Leocadio y su declaración.

 3          “Lo que realmente sucedió” con las 10 órdenes de captura

Como nos ha dicho doña Gilda, después de esta declaración “solicité a al juez ordenes de captura contra miembros del CUC involucrados en los sucesos”, y así el 23 de julio el Juzgado de Santa Eulalia emitió orden de captura contra 10 personas  de Barillas.

En esto doña Gilda sigue a los hechos, menos en un pequeño detalle: estas diez personas, al igual que la mayoría de los 23 que ya contaban con orden de captura, eran líderes de sus comunidades que habían destacado por oponerse a la construcción de la Hidroeléctrica de Ecoener Hidralia Energía. porque para ellos les obligaban a vender sus tierras y les afectaría directamente.

Sin embargo ninguno de ellos tenía relación con el CUC, Don Adalberto Villatoro, miembro activo de la iglesia católica, quien aparecía como tercero en la lista con órdenes de captura, cuando le preguntamos si era miembro del CUC nos dijo “¡nada que ver!” . Èl y don Ermitaño Santiago López –también estaba en la lista- son dos empresarios locales que formaron el Movimiento de Auditoría Social de Barillas contra la corrupción del anterior alcalde, y desde ahí apoyaron su lucha a favor de la vida y en contra de la Empresa. Por eso estaban en la lista, igual que los otros 8 y los 23 de las órdenes anteriores y los 9 detenidos el 2 de mayo.

Todos ellos, tuvieron que pasar por un proceso en que no había pruebas que les involucraran directamente, como ha quedado demostrado ya con la liberación de Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé Gaspar, Pascual de Pascual Pedro y Saúl Aurelio Méndez Muñoz a quienes no se les logró demostrar nada en la causa 65-2012.

Sólo que esta vez, la fiscal Gilda Aguilar intentó forzar demasiado los procedimientos. En su relato ella narra un intrincado recorrido de presiones internas que llevaron a la anulación de esas 10 órdenes de detención, pero parece olvidar lo que al final fue más importante: que la declaración de don Jaime Leocadio había sido producto de una “actividad procesual defectuosa”. Es decir, que no se había cumplido la ley: no se avisó a los abogados de los detenidos como marca la legislación para asegurar sus derechos. Eso lo dijeron los abogados en cuanto se emitió la orden, pero los acusados tuvieron que pasar dos meses de persecución y miedo hasta que en septiembre el juez de Santa Eulalia, como cuenta doña Gilda, declaró sin lugar la actividad y las órdenes de captura. Y tampoco nos cuenta que esa resolución quedó firme tras dos audiencias más. Todo eso explica muy bien la anulación de las órdenes, de esto no dice nada doña Gilda, a pesar de su “irrestricto apego a la ley”.

4          ¿Qué es “lo que realmente sucedió” el 22 de agosto?

Para no seguir con incongruencias menores, pasemos al momento de mayor intensidad del relato de doña Gilda, donde cuenta cómo “en la sierra de los imponentes Cuchumatanes fui víctima de una emboscada con armas de fuego”. Ella detalla lo que ocurrió y los daños sufridos por su custodio de una forma que no deja lugar a dudas sobre lo sucedido. Pero en todo ello, no da ninguna razón ni prueba que tenga de que el CUC tuviera que ver en los hechos, como se apresuró a declarar a la prensa y en este escrito reitera al contar cómo sus superiores le pidieron que no “señalara a los miembros del CUC como presuntos responsables, pero a esas alturas sólo la muerte me puede callar”

De nuevo estamos ante una extraña forma de entender el apego a la ley, pues las fuertes acusaciones aparecen sin ninguna prueba que lo respalde.

Incluso una vez más, en su relato olvida las acciones judiciales de sus colegas. La unidad de Operadores de Justicia de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió una investigación sobre esta agresión y detuvo a un vecino de Chiantla, miembro de una banda de asaltantes comunes que solía asaltar en ese punto de la carretera. Toda esta información salió en la prensa, pero parece que doña Gilda no lo leyó.

 5          ¿Qué es lo que realmente ocurre con doña Gilda?

En el texto comentado hay muchas otras incongruencias y elementos que levantan suspicacias sobre las intenciones de la señora Aguilar y de que lo que pretende explicarnos fue “lo que realmente ocurrió”. La distancia entre sus versiones y la de otras fuentes es demasiado grande. Sería mejor que dijera qué es lo que “realmente” busca con sus claros ataques al CUC y a la figura de la Fiscal General. Nos lo podemos imaginar, pero sería mejor que ella nos lo relatara a ocho cuartillas completas de advertoriales.

Porque si no lo aclara, parecerá que en este país, autoridades como doña Gilda pueden relatar versiones a medias, hacer acusaciones en contra de cualquier persona u organización sin previa investigación, con lujo de impunidad y pasando por encima de la ley. Parece que solamente por tener un cargo público tienen el poder de acusar, procesar, detener y condenar a personas inocentes que ejercen su derecho de disentir, expresarse y organizarse, como marca la ley.

20 noviembre 2012

[1] Ritter, Michael “La comunicación Política de las empresas”. Red DirCom Iberoaméricana. http://www.reddircom.org/textos/cmpol_ritter.pdf.

[2] Nimmo, Dan y Swanson, David en Ritter, Michael “La comunicación Política de las empresas”. Red DirCom Iberoaméricana.http://www.reddircom.org/textos/cmpol_ritter.pdf.

[4] Informe de Verificación Estado de Sitio Santa Cruz Barillas, Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala, 4 de junio de 2012.

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