Territorio minado Hoy es San Rafael las Flores. Ayer fue Barillas. Antes Nebaj. JUAN LUIS FONT Fuente menor

Con las protestas en contra de la mina en San Rafael Las Flores, ha vuelto a las primeras planas la tensión que generan los proyectos extractivos e hidroeléctricos en el país. El Escobal está a punto de entrar en operación. Sus críticos aseguran que tendrá una rentabilidad del 51 por ciento para sus inversionistas canadienses y estadou-nidenses. Los promotores de la mina se ufanan de generar empleo para 700 personas y Q136 millones anuales en salarios. Dicen que compartirán hasta Q16 millones de utilidades con los antiguos propietarios de la tierra, además del pago de impuestos y regalías. Ofrecen la instalación de una Casa de la Plata y capacitación en orfebrería por medio del Intecap para dotar de valor agregado al metal extraído. Pero vecinos de comunidades xincas temen que el agua de consumo será contaminada por las derivas. El Ministerio de Medio Ambiente, responsable de autorizar los planes de mitigación de impacto, no inspira suficiente confianza. Los activistas antiminería, que han hecho un intenso trabajo de persuasión a los vecinos, reclaman una consulta popular cuyo resultado les favorecería. Los conservadores descalifican la protesta atribuyéndola a esos endemoniados intereses de quienes desde el norte de Europa financian a los ambientalistas. O lo atribuyen al fantasma de Alfonso Portillo, por medio del cacique de Jalapa Mario Estrada. Todo antes de admitir la legitimidad de los temores de quienes viven cerca de la mina. En cambio, nadie parece percatarse del esfuerzo coordinado desde la derecha extrema a favor de los intereses de la hidroeléctrica de Barillas. Así se defiende a una fiscal sospechosamente voluntariosa y que ha incurrido en errores de procedimiento, cuyas iniciativas buscan criminalizar la protesta. Mientras tanto, el gobierno se encuentra en una situación odiosa en la cual la ramplona aplicación de la fuerza bruta sobre los opositores, como exige la derecha, solo le acarrea más ingobernabilidad. Hoy es San Rafael las Flores. Ayer fue Barillas. Antes Nebaj. ¿Cuántos policías antimotines, cuántos soldados, cuántas balas harán falta para garantizar la operación de los inversionistas? Aún no se ve por ningún lado que surja un procedimiento racional para informar, discutir y consultar a quienes adversan los proyectos mineros. Aún no se construye un mecanismo que aplaque la oposición por las dos vías lógicas: la garantía de independencia y aptitud profesional del Ministerio de Medio Ambiente, y la definición de modelos de negocio que ofrezcan beneficios irrechazables a las comunidades. Tampoco los ambientalistas contribuyen a construir esa institucionalidad indispensable. Su oposición es inflexible, rígida, y en consecuencia se invalida. Las principales figuras del gobierno se resisten a apostar su capital político a la buena marcha de los proyectos. No se comprometen con las comunidades ni se aseguran de que los procedimientos de mitigación y prevención sean efectivos. No garantizan que los beneficios se materialicen. Todos contribuyen al caos.

Fuente: El  Periódico Guatemala.

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