¿Más Barillas?

Karina García Ruano
Martes, 25 Septiembre
Plaza Pública

Los eventos de la semana pasada, en rechazo al proyecto minero en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, ponen de manifiesto que nada se ha aprendido de lamentables hechos surgidos alrededor de proyectos extractivos.

Hechos que incluso han cobrado vidas, como el reciente caso de la hidroeléctrica Santa Cruz, en Barillas. Y antes de Barillas también fue el conflicto en San Juan Cotzalcon la hidroeléctrica ENEL; y también fue San Juan Sacatepéquez con Cementos Progreso; y San Miguel Ixtahuacán con Montana.

Si se borra de las notas de prensa los nombres de los lugares, proyectos y actores implicados, las crónicas son las mismas. Desinformación y falta de consulta previa en las comunidades. Estudios de impacto ambiental obscuros. Denuncia y resistencia social. Ausencia de diálogo genuino. Confusión y caos. Levantamientos y violencia civil. Antimotines, criminalización y órdenes de captura.

Los temas de negociación entre comunidades, Gobierno y empresas terminan siendo siempre la liberación de los presos políticos, esclarecimiento de hechos violentos o levantamiento de estados de sitio. Muy lejano a los aspectos sociales, ambientales y económicos que deberían discutirse y consensuarse. Lo que debería ser un proceso de discusión y negociación de políticas públicas, proyectos de desarrollo y manejo responsable de negocios, se ha convertido en cada caso en ejemplos de tácticas de presión, amedrentamiento y chantaje sociopolítico.

Aun las consultas comunitarias, que son procesos que han surgido desde la sociedad civil de manera pacífica, han sido descalificadas en lugar de ser aprovechados para dar respuestas creativas y efectivas a la problemática. Autoridades y representantes sectoriales se limitan arecalcar que las consultas no son vinculantes pero se les pasa por alto leer y comprender el mensaje implícito en estos procesos, que va más allá de lo legal: son voces que quieren ser escuchadas, canales de participación que buscan negociaciones justas y beneficios reales.

Las circunstancias se hacen más tensas, los problemas se duplican pero las respuestas a los problemas tienen el mismo manejo, o más bien el mismo des-manejo.

Ya desde época electoral, el actual Gobierno había anunciado que haría de la industria extractiva un pilar dentro de su programa, elevando las regalías, priorizando el bienestar de los ciudadanos, escuchado las voces de las comunidades y con una política pública que garantizara desarrollo. Sin embargo, hasta ahora, los procesos de licencias extractivas y la estrategia apagafuegos de regalías mineras de “buena voluntad” (con serias acusaciones al Ejecutivo por usurpar funciones que le corresponden al Legislativo y por violación del principio de igualdad ante el fisco para privilegiar a los inversionistas mineros) es lo único que se ha implementado.

¿Y las instituciones que den respaldo a los procesos? ¿Y los procesos de diálogo genuinos? ¿Y las negociaciones justas? ¿Y la reforma de leyes que garanticen el verdadero desarrollo para el país? ¿Y las políticas públicas que las operacionalicen? ¿Y la garantía de un manejo de negocios socialmente responsables? Ahí lo único que tenemos es más de lo mismo. Y de ahí lo único que puede salir son más casos de lo mismo. Más San Juanes, San Rafaeles y más Barillas.

Fuente: Plaza  Pública

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